
“La verdad no teme al diálogo; quien la practica no necesita el insulto para sostenerse” (Cortina, A., 1994, Ética mínima: para la vida cotidiana, p. 27).
La política posmoderna exhibe en nuestros días un fenómeno cuyo significado histórico exige una disección rigurosa, extensa y crítica: la conversión de la comunicación pública en un espectáculo sistemático de la ofensa. No se trata de un exabrupto accidental, un rasgo de personalidad o una simple falta de decoro, sino que esta transformación revela una mutación ontológica en la conducción del Estado y en la percepción de las instituciones públicas. Al sustituir el argumento por la injuria y el debate por la descalificación procaz, se ha instaurado una práctica política que instrumentaliza la vulgaridad como una técnica deliberada de dominación. Este recurso tampoco es azaroso, sino que responde a las demandas de una sociedad totalmente rota que, en su hastío institucional y fatiga democrática, ha dejado de valorar la sensatez para premiar la contestación reactiva. El espacio de lo común se convierte así en un territorio de guerra simbólica donde la verdad es el primer sacrificio en el altar de una eficacia política medida en términos de impacto emocional y mediático.